“No puede dejarse indefensos a quienes en la búsqueda de la legítima verdad y la reparación adecuada, pretenden evitar la permanencia de vacíos sin cubrir en la investigación”, señala la resolución. Y deben por ello practicarse las diligencias “que puedan esclarecer lo sucedido, de forma que las víctimas nunca puedan ni sospechar que no se hizo lo debido, y con ello se impidió descubrir el porqué de la muerte o lesiones de sus familiares más queridos”.
Los jueces no se limitan a ordenar la reapertura, sino que imponen las diligencias concretas que la juez, Nieves Molina, debe realizar. Todas se basan en “la existencia de nuevos elementos” de los que en su momento “no se informó al juzgado ni al perito” que evaluó en 2006 las causas del siniestro.
El descubrimiento de datos que fueron silenciados por los responsables de la Generalitat que dirigía el expresidente Francisco Camps fue lo que llevó a la fiscalía y a la Asociación de Víctimas a solicitar la reapertura de la causa el año pasado. La juez no consideró necesario investigarlos.
elpaís
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