La abogada de la Generalitat solicitó el 12 de junio de 2008 el permiso para desguazar la UTA 3736, que estuvo dos años «precintada y custodiada» junto a la playa de vías las instalaciones de FGV en Valencia Sud desde el día siguiente del accidente, envuelta en una lona azul, pero accesible a cualquier persona, según denunciaron entonces los sindicatos. La Audiencia Provincial de Valencia había dado carpetazo definitivo a las pesquisas sobre el accidente del 3 de julio de 2006, tras rechazar los últimos recursos de reforma presentados por las familias de las víctimas.
El 1 de julio de 2008 el juzgado de instrucción número 21 de Valencia dictó una providencia en la que se acordaba «autorizar el desprecinto de los vagones del tren siniestrado el pasado 3-7-2006, objeto de las presentes diligencias, por Ferrocarrils de la Generalitat dándole el destino que considere oportuno». La providencia llegó a FGV el 4 de julio, apenas un día después del segundo aniversario del accidente. No obstante, la decisión de autorizar el desmantelamiento del tren era recurrible (se podía interponer un recurso de reforma) en un plazo de tres días.
De hecho, así lo hizo un letrado en representación de una de las familias de las víctimas, el 8 de julio de 2008 (un día después de ser notificado) quien solicitó que no se despiezara la UTA 3736, ya que entonces aún quedaba pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero el letrado no tuvo noticias del juzgado de instrucción hasta el 21 de julio, cuando le requirió que presentara «más copias» para entregar a las partes personadas, según confirmaron a Levante-EMV fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
Las copias se entregaron el 22 de julio, pero Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ya había comenzada a desguazar el tren del accidente.
Resumen de Levante
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